En una democracia sólo el principio del respeto a la legalidad puede poner coto a los hechos susceptibles de ser calificados de corruptos. La corrupción es una cuestión de grado directamente relacionada, en cuanto a sus posibles sanciones, con la legitimidad y efectividad del Poder Judicial. Sin esta piedra del orden constitucional no responde, entonces no sólo la corrupción afecta algunas actuaciones individuales y colectivas, sino la raíz del Estado de Derecho.

En nuestra constitución y en otras también están contempladas todas las posibilidades de aplicación y defensa de la democracia. Lamentablemente una cosa es lo que está escrito y otra la realidad en la Argentina y en muchos países. Hay valores como la libertad, que se respetan, pero otros que se olvidan o se relegan con facilidad.

De las contestaciones jurídicas emanadas recientemente de la justicia Argentina, surge que la inoperancia jurídica y la falta de independencia del poder Judicial, están en la plataforma misma de las desviaciones que se manifiestan en nuestro sistema democrático y republicano. Sin una justicia independiente y eficaz no hay seguridad y se propaga la impunidad ante los hechos de corrupción, la violación de los derechos ciudadanos, el abuso y la prepotencia del poder. Es así como el desprestigio de la justicia crece a niveles peligrosos. Una muestra cabal de lo que acá manifiesto, es la llegada a de el Dr.Mario Adaro (un payaso de la política)a la suprema corte de justicia provincial de la mano de Celso Jaque y legisladores cómplices, en reemplazo de la ex jueza Aída Kemelmajer de Carlucci, aun sin entrar en comparación de los valores morales, éticos, profesionales de cada uno!!!!!!! En definitiva, la POLITICA una vez más acomodo a un funcional conmilitón en la Suprema Corte de Justicia mendocina.-

No hay que olvidar que si se considera que hay leyes malas, existe el poder Legislativo para modificarlas o anularlas. Lo que no se puede admitir es la impunidad frente a verdaderos casos delictivos, como está ocurriendo hoy, con caso emblemáticos que son por todos conocidos ( mafia de los medicamentos, Ciccone Calcográfica los casos de Moyano, el caso del Pollo Sobrero, Lazaro Baez ,Buddouetc, etc.), lo que demuestra hasta donde ha calado el deterioro moral de la justicia argentina, el caso de las coimas de Skanka es un fiel reflejo.- Hay muchas más que no tomas estado publico-

Se dice que ***” …Si no existe una verdad última ( la cual guía y orienta la acción política ) entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.” O será, como relata Carlos Santiago Nino en su libro Un País Al Margen de la Ley. “Hay una tendencia recurrente en la sociedad argentina a la ilegalidad, es decir, a ignorar las normas jurídicas, morales y sociales”.

Hay causas iniciadas por denuncias contra funcionarios públicos que demoran años, y el problema es aún mayor ya que, algunos jueces federales demoran injustificadamente el trámite, posibilitando así que se extingan las acciones penales por la vía de la prescripción. Por el contrario, otros jueces imprimen trámites vertiginosos, dirigidos a desestimar velozmente las denuncias presentadas (caso paradigmático el del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kischner), con la anuencia de fiscales que no apelan. En ambos casos, la justicia y la confianza pública quedan defraudadas. En Malargüe nadie está preso por los robos en la Municipalidad.

Estos sucesos aquí descriptos en los párrafos superiores producen graves daños a la seguridad jurídica, colman de incertidumbre y desconfianza a los justiciables y, en corolario, resultan negativamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Lamentablemente, el excesivo grado de politización del Consejo de la Magistratura, ha impedido que el Consejo pudiera desarrollar la función que los constituyentes de 1994 le asignaron (artículo 114 de la Constitución Nacional). La situación empeoró con la reforma de la ley que regula su funcionamiento, del año 2006, que les dio poder de veto a los representantes del Gobierno, tanto para nombrar como para sancionar jueces.

Hoy la realidad es que el Consejo de la Magistratura se ha transformado en un agente de coacción para los jueces, que muchas veces se ven amedrentados al ser susceptibles de denuncias por el solo hecho de actuar conforme a derecho. Esta circunstancia afecta la independencia del servicio de justicia y es inadmisible.

No hay República sin un Poder Judicial independiente y eficaz, hoy existe una oportunidad histórica a fin de comenzar a construirla. La ciudadanía toda así lo demanda.

Por Horacio Marinaro

DNI: 10179064

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