La división de poderes no es un detalle formal en la arquitectura institucional de la República: es su piedra angular. Por eso preocupa –y mucho– ver cómo referentes del oficialismo provincial confunden sus roles y atribuciones, trasladando a la escena partidaria lo que corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
El presidente de la UCR en Malargüe convocó a una conferencia de prensa y fue acompañado por altos funcionarios de organismos provinciales como Vialidad, Irrigación, OSEP y una senadora de la provincia. Lo llamativo no fue solo la heterogeneidad de las áreas representadas, sino el motivo de la convocatoria: realizar un anuncio que, por su naturaleza y alcance, le corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
La puesta en escena reveló una preocupante desviación de los principios republicanos. En lugar de reconocer el error de la elección de Lorente, el oficialismo redobló la apuesta con declaraciones que dejaron entrever lo que muchos sospechamos: que el partido de gobierno elige a dedo a los magistrados, priorizando su obediencia al poder político por encima de la ley. Mencionaron un supuesto “examen moral” para quienes aspiren al cargo de Fiscal, con lo cual solo caben dos interpretaciones posibles: o ese examen no existía hasta ahora, lo que es gravísimo, o nunca les importó la conducta de vida de sus candidatos, lo que es aún peor.
Volvamos a Lorente. Propuesta durante el primer gobierno de Alfredo Cornejo y aprobado su pliego por mayorías legislativas afines, su desempeño estuvo marcado por irregularidades tan evidentes que el propio Cornejo las señaló públicamente hace unos días. Sin embargo, en lugar de impulsar el correspondiente juicio político —el único camino constitucional para evaluar la conducta de un magistrado— optó por aceptar su renuncia, mandando a firmar la misma a Hebe Casado junto a la Ministra Mercedes Rus. Así, evitó que se sustanciara un jury, el mecanismo previsto por ley para determinar responsabilidades y reparar daños institucionales. Todo esto, pese a que ya en 2013, cuando Lorente era ayudante de fiscal, había sido denunciada por malos tratos y por exhibir un arma en su ámbito de trabajo. ¿Quién asumirá la responsabilidad política de haberla nombrado?
Mientras tanto, en Malargüe la ciudadanía asiste, una vez más, a la burla de los poderosos. Desde escritorios opulentos y alejados de nuestra realidad se han tomado decisiones que nos marcaron por décadas: la venta de tierras para financiar obras en otras zonas de la provincia a principios del siglo XX y que todavía tienen en vilo a nuestros pobladores rurales, el reparto desigual de los presupuestos que terminan financiando grandes obras en el Gran Mendoza, el reciente redireccionamiento de los fondos de Portezuelo del Viento y un gran etcétera. Cada decisión fue tomada sin consultar ni compensar debidamente a nuestro pueblo.
La falta de empatía es tan evidente como dolorosa. Malargüe no solo ha sido olvidada en obras estratégicas, sino también en servicios esenciales. Hoy el foco está en la ex fiscal Lorente, pero tampoco olvidemos que su fiscalía contaba con poco personal y recursos, incluso funciona en un CIC —un espacio social creado para promover la participación ciudadana y el desarrollo comunitario— porque el gobierno provincial ni siquiera ha sido capaz de alquilar un edificio digno para la administración de justicia desde 2017 a la fecha. Ese símbolo lo dice todo: donde debía crecer una comunidad, se improvisa una oficina judicial sin recursos ni condiciones.
¿De qué justicia hablan quienes hoy hacen anuncios vacíos mientras sostienen en complicidad un sistema que niega derechos? La Constitución Nacional establece el control recíproco entre poderes del Estado, pero ese control debe ejercerse sin avasallamientos. La independencia judicial es una garantía para todos, no una ficha más en el ajedrez electoral.
El radicalismo de Cornejo, hoy representado por actores locales, no nos garantiza ni la República. ¿Quién les aconsejó hacer una conferencia de prensa en un momento de tanto dolor para tantas familias malargüinas? ¿A quién se le ocurre hacer política partidaria con el sufrimiento ajeno? Esto no es reparación, huele a desesperación. No es justicia, es propaganda. No es república, es oportunismo.
La Justicia, esa figura tantas veces manoseada, ha sido representada históricamente con los ojos vendados. Algunos interpretan ese vendaje como símbolo de imparcialidad: la ley debe aplicarse sin mirar a quién. Otros entienden que la venda también representa la necesidad de actuar con sabiduría, sin dejarse influir por emociones, poder o presión social. Lo cierto es que esa figura hoy está siendo ultrajada por quienes deberían garantizar su integridad.
Nos toca despertar. Van a venir a pedirnos el voto. Nos van a prometer la minería como nuevo milagro (ahora que dejaron caer Portezuelo del viento), o nos van a hablar de megaproyectos, de parques infantiles, de parques en la costa oeste, de promesas recicladas. Pero no podemos olvidar cada vez que nos dieron la espalda. El voto no es una moneda de cambio: es confianza, es esperanza, es un mensaje. Y espero que ese mensaje se plasme en las urnas, que es donde existe el verdadero poder: el del pueblo.
Por Silvina Camiolo (Reconstruyendo Malargüe)