Según explicó nuestra entrevistada, esta decisión se fundó en base a la falta de cumplimiento de los objetivos mínimos establecidos.
La concejal Camino expreso que la mayoría de los ediles presentes votó en contra de prorrogar la declaración de emergencia ambiental que había sido solicitada por el Ejecutivo a cargo del intendente Celso Jaque. “Esta decisión se fundó en base a la falta de cumplimiento de los objetivos mínimos establecidos, entre ellos la no adquisición de herramientas clave para paliar la situación ambiental, a pesar de haber contado con los fondos y las facultades extraordinarias correspondientes”, según comentó a Malargüe a Diario la edil Silvina Camiolo.
Cabe recordar que en diciembre de 2023, la emergencia ambiental fue aprobada por unanimidad en el recinto, brindándole al Ejecutivo una herramienta excepcional para actuar con mayor rapidez ante una situación ambiental crítica. En este sentido, Camiolo detalló que esta autorización implicaba:
– La posibilidad de realizar contrataciones directas y acelerar compras sin los procedimientos ordinarios, precisamente para garantizar respuestas efectivas e inmediatas.
– La reasignación de partidas presupuestarias para atender necesidades urgentes relacionadas con el ambiente.
– La priorización de acciones ambientales en la agenda municipal.
“Sin embargo, a lo largo de estos dieciséis meses de declarada la emergencia, el Ejecutivo no realizó las compras fundamentales que justificaban la misma, e incluso se utilizó parte del presupuesto en otros fines, resultando en una subejecución presupuestaria que contradice el espíritu de la medida”, afirmó nuestra entrevistada.
Según la edil, desde el Concejo Deliberante se insiste en que las herramientas de emergencia deben ser utilizadas con responsabilidad, eficiencia y transparencia, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como el cuidado del ambiente. La decisión de no renovar la emergencia responde al deber de controlar el uso de los recursos públicos y garantizar que toda medida excepcional cumpla con su propósito.
«Lo que ha ocurrido es comparable hasta con una cuestión doméstica: es como si en la familia un miembro esté atravesando un problema de salud que implica usar fondos y los padres se dediquen a viajar, gastar en otras cosas o incluso ahorrar o especular con meter dinero al Banco para generar mayores rentas. Cuando hay una urgencia en salud el Fondo disponible debe utilizarse sin reparos. De tales padres diríamos que son unos irresponsables. Lo que ha ocurrido aquí, es que el concejo entendió que se ha actuado con irresponsabilidad y se agotó el crédito de confianza que otorgamos primeramente. Esto no quiere decir que deban dejar de ocuparse del problema sanitario, al contrario, le aplican las responsabilidades generales en materia de higiene y salubridad enmarcadas en el art. 105 de la ley 1079», concluyó Silvina Camiolo.