El Gobernador Alfredo Cornejo anunció “una nueva ley que obliga a los presos a trabajar en las cárceles y que modifica la actual ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad Nº 8.465”.
Explicó: “Esto va más allá del plan de obras y refacción de unidades penitenciarias cuyas licitaciones ya estamos llevando adelante. Incluso, más allá del comienzo de la construcción de una nueva cárcel, como es Almafuerte II y de la Cárcel Federal, que si bien son pasos indispensables para contener el aumento de las personas privadas de la libertad que produce la mayor efectividad en la lucha contra el delito, se trata de la infraestructura edilicia”.
“Esta ley que impulsamos apunta a revisar la vida dentro de los penales. Las cárceles necesitan orden, como hemos dicho de las otras áreas del Estado, y para eso necesitamos tener nuevos instrumentos para trabajar. Queremos terminar con las cárceles de máxima ociosidad”, continuó el mandatario.
Al respecto agregó: “La idea central de la reforma que estoy presentando es que con trabajo se limite el derecho al ocio y se replique adentro la realidad exterior para la posterior reinserción. Queremos a la población carcelaria trabajando o estudiando sin privilegios. Nuestro objetivo es inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley y darles herramientas para hacerlo”.
“El condenado violó derechos de terceros y quebrantó la ley. Para la reconciliación con la sociedad, sus derechos no pueden estar por sobre los de la ciudadanía”, rescató el Gobernador.
A su vez comentó que esta iniciativa tiene otras aristas que delimitan la actividad del juez de ejecución penal, cuidando enteramente sus facultades constitucionales, “y, fundamentalmente, incorpora a la víctima en el proceso de control sobre cualquier revocatoria de la ejecución penal, para que nadie se sorprenda, sin haber podido opinar, que su agresor, de buenas a primera, está libre por la decisión de un juez que ni siquiera conoce lo que está viviendo la víctima”.
“Mi gobierno no va a parar hasta que los delincuentes sepan que salir a delinquir tiene costos durísimos para ellos y ya no para los ciudadanos decentes”, afirmó y destacó: “Los valores de la buena administración imponen como prioridad el deber de ir sobre la realidad para remediar las dificultades reales que tiene la gente”.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.