El Estado deberá pagar por un pequeño de 9 años que murió tras una pelea escolar ocurrida hace 14 años en un establecimiento educativo de Malargüe.
El hecho ocurrió el 26 de abril de 2002, cuando el chico de 9 años –se reserva su identidad- acudió al colegio Nicolás Bustos Dávila, donde cursaba el segundo grado. Esa tarde fue atacado en el baño por tres compañeros que le propinaron golpes de puño y patadas en la cabeza y distintas partes del cuerpo.
La pesadilla para el menor no terminó en ese punto. Cuando se retiraba del colegio, volvió a ser agredido por uno de los niños. Su hermana intervino en la riña y el atacante le dijo que iba a golpearlo cuantas veces quisiera, pegándole luego una patada en su rodilla a la chica.
Ambos hermanos se retiraron caminando a su casa y a una cuadra y media se encontraron con su madre. El niño le contó a su progenitora lo que había pasado en las últimas horas y se desvaneció en el mismo momento. La víctima fue trasladada a un hospital público, donde ingresó con una crisis cardíaca como consecuencia de los golpes, nervios, miedo y agitación sufridos.
Los profesionales de la Salud intentaron reanimar al niño pero los esfuerzos no alcanzaron para salvarle la vida.
En febrero de 2012, los padres de la víctima realizaron una demanda civil contra el Gobierno Provincial asegurando que la directora y la maestra de la escuela fueron responsables por «su actuación con culpa y negligencia al no vigilar y controlar en forma segura a los alumnos». Bajo esta premisa solicitaron 150 mil pesos de resarcimiento por daño moral y pérdida de chance.
Desde el Ejecutivo provincial rechazaron la demanda alegando que la Dirección General de Escuelas (DGE) tiene su propia autonomía. De todas formas, agregaron que la muerte no se produjo por los golpes del alumno sino por una cardiopatía y que, en última instancia, la actitud del agresor fue «imprevisible e inevitable».
En tanto que desde la DGE también negaron los hechos, pidiendo además la prescripción debido a la antigüedad del caso.
La jueza Andrea Grzona tuvo en sus manos la resolución del litigio civil. En primer lugar la magistrada consideró que la causa no había prescripto ya que todavía no pasaban diez años desde el hecho hasta la presentación judicial y que el Gobierno provincial también era responsable por el hecho.
Un perito médico estableció que la causa de la crisis cardíaca fue el stress post traumático que sufrió el niño tras el ataque a golpes. También reforzó esta hipótesis la declaración de testigos en el expediente penal que se instruyó por averiguación muerte, donde quedó evidenciado el maltrato de los compañeros hacia el menor.
«Ha quedado acreditado que el mismo se encontraba en horario de clase cuando es golpeado por el compañero, es decir en un lugar autorizado y bajo el cuidado de los profesores de la escuela», concluyó la jueza civil.
Es por esto que ordenó a la DGE y la Provincia a pagar 350 mil pesos más costa e intereses a los padres del niño que perdió la vida en el lamentable suceso. No trascendió si se le aplicó alguna sanción a directivos o docentes y tampoco se dio a conocer sobre la suerte de los niños agresores.
Fuente: Diario UNO
