La iniciativa que es de la legisladora Silvina Camiolo (Frente de Todos) será analizada ahora por la Cámara de Diputados.
Recientemente el Senado Provincial dio aprobación a una iniciativa de la legisladora del Frente de Todos, Silvina Camiolo que trata de la creación del programa “Red de Articulación Público Privado para el Fortalecimiento de la Economía de la Mujer”. La idea es fomentar la contratación de mujeres en el ámbito laboral. Ahora será tratada en sesión de la Cámara de Diputados.
La autora del proyecto, la senadora malargüina Silvina Camiolo, explicó que la creación del programa “surge de las necesidades que tenemos en los territorios, frente a la situación de vulnerabilidad de las mujeres”. A lo que agregó: “Cuando mujeres víctimas de violencia venían a pedirnos ayuda nos encontrábamos con que muchas veces la dependencia económica era el principal obstáculo para cortar con el círculo de la violencia. Hoy el 63% de las mujeres están por fuera del mercado laboral formal”.
“Se trata de un programa de articulación público privado para el fortalecimiento de la economía de la mujer. La idea es que los municipios sean los encargados de recibir los casos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad y enviar los casos detectados a un registro que va a llevar a cabo el ministerio de desarrollo social”, agregó la legisladora.
Camiolo explicó también que las empresas que se hayan incorporado en el programa tendrán preferencia en las contrataciones de la provincia y disminución en los impuestos provinciales. “La idea es que las mujeres contratadas sean víctimas de violencia, luego mujeres con discapacidad, mujeres jefas de hogar y de a poco ampliarlo a todas las mujeres de la provincia”, sostuvo.
Alcances del proyecto
El proyecto de ley, con Nº de expediente 71982, tiene como base de sustento la problemática obre la situación social y laboral de la mujer en la Provincia. El INDEC desglosa la estadística para 31 aglomerados urbanos, entre los que se encuentra Mendoza. Al analizar la Tasa de Empleo, que engloba a los que tienen trabajo en negro o en blanco, a jornada completa o parcial, en Mendoza el 53,7% de la población mayor de edad tienen trabajo. Son 391.000 personas, pero hay diferencias, mientras el 64,7% de los hombres trabaja, sólo el 43,5% de las mujeres tiene un empleo.
Dentro de los fundamentos del proyecto, su autora expone que “la brecha se amplía si se divide por edades. En la zona urbana de Mendoza el 87,8% de los hombres de entre 30 y 64 años tiene trabajo, sólo el 64,4% de las mujeres en este rango etario trabaja, una diferencia de más de 23 puntos porcentuales”.
También explica que “en los jóvenes es aún mayor la distancia que desfavorece a las mujeres. Es que mientras el 51,4% de los hombres menos de 29 años tiene trabajo (esto es 1 de cada 2), de las mujeres solo el 29,1% tiene empleo (menos de 1 de cada 3)”.
Desde la organización “Economía feminista” se ha presentado un informe con el fin de visibilizar la desigualdad de género en la composición del mercado de trabajo, la percepción de ingresos, entre otros temas. Esta medición es expuesta de acuerdo a una serie de indicadores sociales, desagregados por sexo, calculados con bases públicas de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares – INDEC – Argentina).
Son varios los estudios que develan la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, siendo estás las perjudicadas. Otro es el publicado en la página de la “Dirección de género y equidad” del gobierno de Mendoza, Dirección desde donde, además, se concentran las denuncias por violencia de género de los 18 municipios, confirmando durante el año 2017 un total de 3.526 casos, muchos más que los 2.425 que había recepcionado en 2016.
Es de público conocimiento que una de las formas de violencia de género es la violencia económica y patrimonial destinada a coaccionar la autonomía, que cause o pudiera originar daño económico y/o evadir obligaciones alimentarias, teniendo en cuenta además, el aumento de la jefatura femenina en hogares mendocinos, desde donde las mujeres son el único sostén económico, por la ausencia de la otra parte. Sumando la discapacidad como otra arista en la desigualdad social y laboral en general y con las mujeres en particular, se busca ahondar más en el desarrollo del trabajo y sus variantes.
El programa tendría, según el proyecto de ley, una aplicación secuencial y por etapas. Se comenzaría por las mujeres víctimas de violencia de género, luego, las jefas de hogar y con menores a cargo, posterior las mujeres con discapacidad. El objetivo final, es universalizar el beneficio a todas las mujeres radicadas en la provincia.
La alianza público-privada (gobiernos, universidad, empresas y organizaciones de la sociedad civil), es un fuerte mecanismo en la búsqueda de respuestas, y será el sustento para llevar a cabo la integración laboral femenina a través de empleo y de capacitaciones.
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