En conferencia de prensa, Luis Alberto Rivero se presentó como el gestor de la Oficina Anticorrupción, puesta en marcha a partir de la implementación del nuevo organigrama municipal. El funcionario estuvo acompañado del abogado Gustavo Nedic quien actuará como asesor independiente.
En el marco de las investigaciones realizadas hasta ahora, el organismo presentó el primer expediente en el Tercer Juzgado de Instrucción de San Rafael a cargo del juez Juan Gabriel Ravagnani.
Al respecto, Nedic informó que, conforme al estudio que se realizó, encontraron irregularidades en expedientes del municipio que “rayan el delito” y advirtió que podrían ser solo “la punta del iceberg”, ya que se trata de conceptos administrativos para disponer de fondos.
“Se utilizaban fondos con cargo a rendir, que no se condecían con la ley vigente. Estos fueron posteriores al cambio de la ley que regía desde enero del 2015, es decir se estuvieron entregando estos fondos todo el año pasado con una ley no vigente”, explicó.
Los funcionarios implicados son el ex intendente, Juan Antonio Agulles, el ex secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Cristian Alcalá, y el contador general, Gonzalo Almonacid.
Para Nedic el delito cometido fue el de “peculado”, una figura legal similar a la de malversación de fondos públicos. Además, en esta irregularidad también estaría implicado un proveedor de San Rafael, Adolfo Gallego, involucrado como partícipe necesario, ya que hizo pagos de facturas que “irían a parar a los bolsillos de cada funcionario”.
“Es el único proveedor con cargo a rendir y que no tiene un asiento registral anterior de haber sido un proveedor del estado, por eso, la ausencia y falta de control por parte de los funcionarios públicos raya al delito, más allá que él podría ser acusado de evasión impositiva”, especificó Nedic.
La denuncia fue radicada el 18 de febrero en el mencionado juzgado de San Rafael y, en este sentido, Rivero y Nedic aclararon que han dejado a consideración del fiscal si los funcionarios podrían estar implicados en alguna de las figuras antes citadas.
“Será la Justicia la que determine si los hechos denunciados pueden ser caratulados como delitos. Nosotros estamos facultados a hacer la denuncia y a colaborar con el fiscal como querellante particular. El peculado es un delito que puede tener de dos a diez años de pena”, reveló Nedic, quien agregó que si se comprueba que, en vez de ser un acto excepcional, este accionar fue sistemático “podemos llegar a entender que había una estructura montada para hacerse de fondos públicos sin ningún control”.
En relación a la nueva oficina, Rivero expresó que no fue fácil comenzar con este trabajo ya que la oficina estaba creada desde el 2012 pero no se encontraba en funcionamiento y subrayó que “todos los actos de presuntos hechos ilícitos están previstos en la ordenanza reglamentaria”.
Ambos detallaron que se ocuparán de investigar actos de corrupción o falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, tanto de la gestión anterior como la actual, y anunciaron la creación de una página web donde todos aquellos funcionarios de categoría 12 o más, incluyendo los miembros del Concejo Deliberante, deberán presentar declaraciones juradas para garantizar la transparencia institucional.
“En este portal se expondrá cuánto gana el funcionario y con qué bienes ingresa a la gestión, y si tienen un aumento patrimonial, que no necesariamente significa corrupción, este sea debidamente justificado”, puntualizó el abogado Nedic, quien afirmó que tiene prometida libertad de acción por parte del Ejecutivo y que de no ser así será el primero en denunciarlo.
Para concluir, el abogado Gustavo Nedic sostuvo que podrían haber otros funcionarios de la gestión pasada implicados en hechos irregulares y aseguró: “Algunos funcionarios se creían intocables y eso conmigo se terminó”.
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