La oficina anticorrupción, a cargo de Luis Rivero, convocó a la prensa para anunciar la imputación de estos 5 ex funcionarios. Al respecto, el doctor Gustavo Nedyc anunció: “Técnicamente hemos observado multiplicidad de irregularidades, las cuales se han concretado con la imputación de algunos ex funcionarios de la gestión pasada y en la causa 117.954 empezó como averiguación por diferentes delitos y ha considerado el juez de la causa, junto con una ampliación del aboque de parte del titular del Ministerio fiscal, que el señor ex intendente municipal Agulles, Christian Alberto Alcalá, que cumplía su función como Secretario de Servicios Públicos, el tesorero general contador Gonzalo Javier Almonacid, el señor Omar Ovidio Villar y el señor Juan Carlos Cara han sido imputados por los delitos de defraudación al estado municipal, simulando apariencia o comisión de negociación en calidad de coautores, estafando a la administración pública, además del delito de peculado, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En diálogo con los medios, Rivero manifestó que se analizaron innumerables expedientes, compulsados por él y por el doctor Nedyc, y se llegó a la conclusión de que tenían méritos suficientes para que los expedientes fueran analizados en un juzgado. “La Suprema Corte de Justicia de la provincia resolvió adónde tenían que ir los expedientes hasta que llegó al juzgado del doctor Gabriel Ravagnani”, aseveró Rivero y agregó que “esto se enmarca en el plan de gobierno 2015-2019 que oportunamente poníamos a consideración de la ciudadanía de Malargüe en relación a lo que fuera honestidad, transparencia y anticorrupción. Esta es una oficina de investigación no de persecución. El señor Agulles está imputado junto con 5 o 6 personas más en este expediente. Desde la oficina queremos llevar la más absoluta tranquilidad que, aunque han intentado desmerecer nuestro trabajo, no lo han logrado. Acá estamos más firmes que nunca tratando de resolver los problemas que tenemos”.
Sobre la imputación a los funcionarios y la posibilidad de que existan más implicados, Nedyc afirmó: “Creemos que no estábamos errados en tal razón con respecto a todos los delitos, contra la administración pública les cabe en primer grado una fuerte imputación a estas personas y además acompaña en calidad de partícipe necesario en la coautoría un particular, del cual voy a reservar la identidad aunque estoy habilitado, teniendo en cuenta que las personas que expresé cumplían sus funciones públicas pero para preservar la identidad del particular, que ha sido un proveedor del estado y partícipe necesario para que se configuren estos delitos, lo voy a dejar reservado”.
Sobre esta imputación, Nedyc explicó que significa que “el Juzgado ha considerado que las personas son pasibles de atribuírseles estos delitos por las conductas manifestadas, hay diferentes figuras aquí que he hablado pero la figura más importante es el peculado, es un delito que realiza un funcionario público que maneja dinero que se le ha confiado a través de la administración y lo malversa en interés propio o en interés de un tercero, es un delito calificado, es decir, agravado que puede corresponderle penas en expectativa que van desde los 2 a los 10 años.”
Al ser consultado sobre cuál fue el hecho particular por el cual se realiza esta imputación, el letrado respondió: “Concretamente, lo que se realizó fue dar la apariencia de una contratación, simular la contratación, contratando una maquinaria que nunca estuvo, nunca realizó ningún trabajo y el dinero fue a los bolsillos de estos funcionarios, que después veremos el grado de participación que tuvieron.” A lo que agregó: “Aquí se está imputando una conducta, luego hay que ver el grado de participación que tienen, algunos pueden ser autores, otros partícipes necesarios o encubridores, vamos a ir viendo, lo que sí hemos observado es que para que se de esta situación tiene que existir una colaboración funcional, o sea, no puede realizarse sin la participación de varios funcionarios. Otra de las cosas, es que el funcionario público es el que resguarda los dineros públicos que le ha confiado la ciudadanía, en tal razón este es un delito que tiene características hoy, no ser de moda, sino que el funcionario lo ha puesto de moda con todo este tema de la corrupción.”
Teniendo en cuenta que el ex intendente Juan Antonio Agulles actualmente es Senador, se indagó sobre un posible fuero. “La inmunidad que pudiesen llegar a tener hoy actualmente algunos funcionarios, en una nueva gestión funcional, ya sea diputados o senadores, la inmunidad no es sinónimo de impunidad, esto lo quiero aclarar porque actualmente tenemos un funcionario que está representando al pueblo de Malargüe en su calidad de legislador y la inmunidad que tiene es para todos los actos que realice en cumplimiento de su función actual, es decir, todas aquellas conductas que realizó con anterioridad tiene la misma obligación del ciudadano y a partir de fin de mes, que vamos a empezar el 28 de marzo hasta el día 5 de abril, vamos a tener que participar nosotros como encargados de la querella particular, ya que la municipalidad se convirtió en querellante particular, somos parte, es decir, vamos a tener el control del estado de la provincia y nos vamos a poner al lado del fiscal para que, finalmente, si esta conducta se ha manifestado y se concreta con las pruebas que hemos producido el estado municipal tiene toda la razón para constituirse en actor civil y solicitar la indemnización por daños y perjuicios con motivo del delito”, aclaró el abogado.
Mientras que sobre el hecho de estar imputados, Nedyc aclaró: “En este momento, las imputaciones están determinadas de acuerdo a circunstancias de tiempo, lugar y modo y lo va a determinar al momento de la lectura de los fundamentos para que esa persona se defienda, el poder judicial los ha acusado, los ha imputado, y a partir de hoy, como cualquier ciudadano, tiene el derecho de defensa, le corresponde a cualquier ciudadano del mundo, el principio de inocencia lo siguen manteniendo pero nosotros, por ser parte interesada, consideramos que si bien estos expedientes se han demorado es que hemos tratado de producir el ciento por ciento de la prueba, les diría que casi en una situación inédita. Ahora vendrán las pruebas que va a ofrecer la defensa, en realidad esa prueba ha sido categórica, tal cual la situación está así, esto va a una condena seguro.”
El abogado habló en un principio sobre el uso de una máquina, por lo que se le consultó dónde, en teoría, debería haber prestado servicio la misma. “La máquina tendría que haber estado trabajando, por inclemencias climáticas, en la zona de El Manzano, El Cortaderal, en El Alambrado, en Las Loicas, en la ciudad”, explicó. En tanto que sobre el monto de contratación fue, según el abogado, de 300 mil pesos.
“Hemos observado la inconsistencia de la simulación, han simulado que estaban contratando a un proveedor, a una máquina y se ha comprobado en la causa que esa máquina nunca estuvo, que la persona nunca realizó el trabajo, ya está la prueba agregada y va a ser muy difícil sacarse esta responsabilidad penal, en principio, que tienen estos funcionarios”, agregó.
Sobre las penas, en caso de ser considerados culpables, el entrevistado detalló: “En principio, todos los delitos que corresponden a la administración pública tienen un accesorio que es la pena en expectativa, que pueda tener si se los encontrara eventualmente culpable pero, aparte, la pena accesoria sería la inhabilitación, en este caso si se da por peculado sería una inhabilitación de por vida para ejercer la función pública. Los legisladores tienen los fueros, las inmunidades que les permiten a los parlamentarios poder ejercer su función y su cargo sin ninguna presión pero este es un acto anterior, por lo tanto se lo imputa como un ciudadano común. Él, éticamente, tiene que estar el 5 de abril a las 10 en frente del doctor Ravagnani descargándose, haciendo su primer acto de defensa, con su indagatoria, con sus abogados, con sus letrados y a partir de ahí comienza la igualdad de arma, uno acusando, que es el Ministerio Fiscal y por el otro lado el ejercicio de la defensa que son los abogados del imputado.”
“Por los delitos de abuso de poder, de incumplimiento de las funciones públicas y por defraudación a la administración pública son delitos que ha cambiado la práctica sobre si es carcelable o excarcelable, sí estamos observando que hay un conjunto de delitos que concurren en forma ideal junto con el de peculado que podría llegarse a observar la posibilidad de una prisión preventiva que, para poder seguir transitando el proceso, tendrían que solicitar alguna fianza o prestar alguna garantía, pero eso queda a criterio del juez, estas son posibilidades”, expuso el entrevistado.
Se le consultó a Nedyc si el ex intendente podría quedar fuera de la causa alegando que él solo ponía su firma, delegando la responsabilidad a secretarios y directores, a lo que el entrevistado respondió: “Cuando un ejecutivo máximo nacional, provincial o municipal está a cargo de una pirámide de poder yo creo que no se le puede pasar nada, para eso tiene lo que se llama todos los móviles de control, que también colabora la provincia, como el Tribunal de Cuentas, estas cosas se tendrían que haber estado advirtiendo. Esta situación en especial a los malargüinos no los sorprende, el mismo periodismo lo descubrió, yo fui advertido por la misma comunidad desde la voz del periodismo, solo materializamos la voz de la ciudadanía, por eso cuando se vio que la irregularidad era tan manifiesta se llegó a la imputación.”
Otra de las consultas hacia el abogado fue si el delito que están denunciando se enmarcó en época de elecciones. Sobre esto Nedyc dijo: “Sí, este ilícito se dio en octubre de 2015, en época de campaña electoral, ahí también tiene otro ribete, esto se refiere a que el delito de peculado también podría estar enmarcado en enaltecer una figura, o destruir una figura en épocas eleccionarias.
