La diputada Jimena Cogo explicó por qué rechazó el convenio entre la provincia y la Nación para ejecutar obras viales. Denunció la exclusión de Malargüe, la falta de garantías de reintegro y la pérdida de autonomía fiscal.
Días atrás, en una sesión de la Legislatura mendocina, la senadora Jimena Cogo votó en contra del acuerdo que permite a la provincia financiar, ejecutar y mantener rutas nacionales con fondos propios. Su decisión generó repercusiones y explicó que el voto negativo fue en base a tres puntos centrales: la legalidad del uso del fondo, los riesgos patrimoniales y la exclusión del sur provincial.
«Son votos que hacen muchísimo ruido, que son poco entendibles muchas veces», reconoció en diálogo con Malargüe a Diario, y agregó: «Quienes por ahí tienen una visión más integral lo pueden comprender, o los que vivimos más lejos lo podemos comprender, sostener y acompañar». En ese sentido, explicó que su postura es coherente con lo que viene planteando desde su banca: “Sostengo que hay una desviación de fondos que debió pasar en su momento por el Congreso de la Nación”.
Según Cogo, el uso del Fondo de Resarcimiento, que surgió como compensación por la cancelación de Portezuelo del Viento, es cuestionable en su origen y además deja a Malargüe al margen: “Hay una exclusión manifiesta de Malargüe como zona directamente damnificada”, subrayó. Y afirmó que se vulnera “el principio de finalidad para lo cual nace ese fondo”.
Otro aspecto que remarcó en diálogo con Malargüe a Diario es el riesgo patrimonial que asume Mendoza: “La provincia está asumiendo obras sin garantías de reintegro, conviniendo cláusulas perjudiciales y en un esquema de sumisión jurídica o de condiciones leoninas preocupantes”. Cogo recordó que las rutas nacionales deben financiarse a través del Fondo Vial Nacional, que se constituye con el impuesto a los combustibles.
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La diputada también cuestionó que “la provincia financie con fondos propios y sin reembolso de la Nación”, y alertó que “está implícitamente renunciando a acciones judiciales” al aceptar este convenio. Incluso se refirió a una de las cláusulas como “una sumisión a los tribunales federales” y expresó su preocupación por “sentar un precedente negativo desde el punto de vista fiscal”.
Además, criticó la falta de federalismo real y la ausencia de obras estratégicas para Malargüe: “Gasoductos, tramos y trazas viales, el ingreso al departamento, el puente del río Malargüe… un montón de obras que siempre se nos dijo que no se podían financiar porque tenían que tener repago”. Y agregó: “Nos mejorarían enormemente la calidad de vida, las condiciones de trabajo y de circulación para explotar más y mejor el turismo”.
Cogo puso en duda los criterios técnicos que justifican la exclusión de zonas con baja densidad poblacional: “Esto está respondiendo a una visión de crecimiento concentrado en detrimento de los departamentos más alejados”. Y sostuvo que faltó voluntad política para incluir a Malargüe: “Tiene que haber una vocación de servicio para los que están más alejados”.
Para cerrar, aclaró que no está en contra de los sistemas de peaje, pero sí del uso del fondo sin discutir cómo será reembolsado: “Me ofusca que la provincia ocupe un fondo que tenía un destino específico y no esté discutiendo cómo lo va a recuperar. Estamos reinvirtiendo esas obras con criterios, si se quiere, más electoralistas”.