Nuestro medio dialogó con una de las integrantes de la Asamblea por los Bienes Comunes, Amalia Ramírez, quien manifestó que el fallo de la Suprema Corte de Justicia era el que estaban esperando y resaltó que el mismo marca un precedente en la historia de Mendoza en materia ambiental.
En este sentido, sostuvo que la ley N° 7722 promueve y defiende, principalmente, el recurso hídrico y el acceso al mismo, frente al uso de sustancias tóxicas que pueden dañar el agua. “No es una ley anti minera, es una ley que genera otra herramienta para defender el agua frente a la minería”, indicó.
Además, señaló que la norma ampara no solo la protección del agua y el ambiente, sino que contempla los beneficios obtenidos al terminar el trabajo de explotación, la licencia social, el beneficio del Estado y, finalmente, la rentabilidad de la empresa que encara el emprendimiento.
“Nos sorprendió la unanimidad de los votos y fue una alegría saber que los jueces de Mendoza se ponen en el lugar del pueblo. Esta es la expresión que quería la mayoría de los mendocinos, ser coherentes con lo que la sociedad está demandando en este momento”, apuntó.
“Esto es muy valioso porque vemos todos los días desastres naturales en distintos lugares del mundo. Uno de ellos, muy importante y vinculado con la mega minería, fue el derrame de solución cianurada en San Juan”, agregó.
Por otra parte, comentó que actualmente cuentan con la participación de Eduardo Sosa en la Secretaría de Ambiente de la Provincia, una persona que ha trabajado en la Red Ambiental “Oikos”, muy respetada por sus valores.
Otra de las asambleístas, Sol Remon, expresó que trabajan sobre cuatro ejes fundamentales que afectan a la sociedad y al ambiente, entre ellos, la mega minería, el fracking, los negocios agrícolas e inmobiliarios. “La postura crítica es hacia todas las formas de contaminación”, apuntó.
Al respecto, dijo que En Mendoza y Malargüe, principalmente, la mega minería estuvo a un paso de instalarse con el riesgo de destruir todos los ecosistemas de la montaña y los glaciares y dificultar el acceso al agua tanto para la población como las demás actividades económicas.
En tanto, Hugo Magallanes, otro de los integrantes de esta asamblea, remarcó que el titular de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Mario Chaber, ha comentando en varios medios provinciales que en Malargüe tienen licencia social y eso no es correcto.
“En el departamento no se han realizado consultas ni tampoco se maneja información sobre qué es la mega minería y cómo nos afectaría. En Malargüe no hay licencia social y es importante aclararlo porque el fallo que dicta la Suprema Corte dice que no hay minería sin licencia social”, destacó.