La problemática planteada por las comunidades mapuches se relaciona con los reiterados intentos de usurpar sus tierras de parte de las empresas extractivas y los terratenientes aliados a sus intereses.
Gabriel Jofré, representante de la organización explicó que están preocupados por la falta de respuestas formales, primero que nada desde VALE que dejó de funcionar hace dos años y hasta el momento no ha entregado ningún informe, y segundo de otras empresas que se dedican a la actividad extractiva.
“Las 27 comunidades mapuches que actualmente ocupan el territorio de Malargüe y San Rafael, hace seis años venimos realizando diferentes actividades formales, como notas y pedidos de informe, solicitando al Estado provincial y municipal, una mesa de diálogo para tratar las problemáticas de los pasivos ambientales y de la actual situación de las empresas extractivas”, sostuvo.
“Por ejemplo, en la comunidad Ñirreco hace dos años se detuvieron una serie de tareas quedando los pasivos ambientales, explanadas y pozos realizados por YPF sin cierre de protección”, comentó puntualmente.
“Otro de los problemas está relacionado con el accidente de Cerro Divisadero y hemos solicitado información, sobre todo al Concejo Deliberante, pero aún no la tenemos”, agregó.
También anunciaron que están trabajando en este sentido y, en la segunda semana de diciembre, se reunirán todas las comunidades en el territorio cercano a Fortunoso para realizar la firma de una acción de amparo a través de la que se solicitará la detención de toda actividad extractiva en la provincia de Mendoza.
“Estamos definiendo si es total o sólo para determinadas actividades, pero la decisión es generar este mecanismo judicial, que no habíamos querido hacer hasta ahora, frente a la falta de respuestas. Lo que pasa es que el Estado, en sus distintas jurisdicciones, nos hace el juego de a quien le corresponde y a quien no, por eso el amparo afectaría a todas las actividades”, aclaró Jofré.
