Los habitantes del barrio Portal del Sol, que han trabajado durante meses en el proyecto para convertir el galpón del ferrocarril en un centro recreativo y deportivo, se hallaron con que el acuerdo firmado no los avala para poder hacer un uso real del lugar.
La reunión del miércoles fue producto de los reclamos que llevaron los vecinos a los concejales en relación a los inconvenientes que se les habían presentado cada vez que querían ingresar al galpón y, en especial, buscaban respuestas luego de que la fuerza de seguridad citara a Eduardo Vázquez a declarar luego de denuncia hecha por un allegado de quien allí habita.
Estuvieron presentes en la misma el asesor letrado del Concejo Deliberante, Alejandro Orlando; el presidente del cuerpo, Eduardo Coria; las ediles Gladys Ruiz y Marina De La Rosa; tres de los firmantes del acuerdo: el intendente Juan Antonio Agulles, el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Cristian Alcalá, y el director de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sandro Sánchez; pero no se encontraba ningún representante de la policía, que estaba invitada a asistir.
Al respecto, Coria aclaró que la ausencia del personal policial se debió a un problema de agenda pero le consta la predisposición de esta institución.
No obstante, manifestó que en realidad el problema reside en que, lamentablemente, el acuerdo firmado con los vecinos carece de algunas legalidades que amparan a la unión vecinal y, en consecuencia, no podrán acceder al lugar por el momento.
“Los dirigentes deberían dejar a las uniones vecinales afuera de los oportunismos políticos y darles respuestas en lugar de jugar con su ilusión. Ahora, en vez de darle una solución le hemos creado un problema a Vázquez con la policía, y todos sabemos la clase de persona que es y que trabaja desinteresadamente por los jóvenes de su barrio”, opinó.
Luego de la reunión las autoridades del Concejo pusieron a disposición de la unión vecinal los dos abogados que trabajan allí para brindarle la ayuda legal necesaria de manera gratuita.
El error del convenio, según los concejales, es que carece de garantías para brindar seguridad a la gente del barrio para acceder al galpón, ya que otros ocupantes, que no son los que figuran en el acuerdo, frecuentan el lugar y no han permitido que los vecinos puedan usarlo.
Por esta razón, explicó Coria, y para evitar conflictos, el fiscal ha tomado una medida para que ni los vecinos ni el municipio se puedan acercar al galpón.
Por su parte, Sandro Sánchez, habitante del barrio e impulsor del proyecto, dijo que su único interés es ayudar a los vecinos para que puedan resolver el problema y sostuvo que este tema “está siendo usado políticamente” para perjudicarlos.
La concejala Gladys Ruiz (UCR) también habló del tema e hizo referencia a la ordenanza que establecía que el ejecutivo debía firmar un acuerdo con Gendarmería para custodiar los bienes y la seguridad del ferrocarril, algo que esa fuerza viene realizando desde hace tiempo en Buenos Aires. “La Municipalidad no se debería haber comprometido con los vecinos ya que tenía la obligación de sacar a la gente que estaba en el predio y se trata de algo muy complicado y que lleva mucho tiempo porque los pasos judiciales son lentos”, expresó.
Además, agregó que “el ejecutivo nunca le tendría que haber dado permiso a la gente para que entrara sin custodia, porque era un peligro dado que se sabe que quienes frecuentan el galpón tienen antecedentes penales”.
Miembros de la unión vecinal del barrio Portal del Sol resumieron de manera mordaz lo sucedido: “parece que fuimos parte de una joda para Tinelli”.
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