De acuerdo a lo expresado por los afectados, a raíz de los resultados obtenidos en las elecciones del mencionado sindicato, desarrolladas en abril de este año, y después de que David Castro (Lista Naranja) asumiera su cargo, varios empleados quedaron sin trabajo y reclaman volver a sus antiguos puestos.

Nuestro medio dialogó con varios exempleados de ATG y AESA. Daniel Chausino se refirió al corte realizado, el martes de la semana pasada, en la ruta 40 sur. “El paro fue pacífico y los únicos que no pasaban eran los que estaban afectados a la actividad petrolera”, afirmó.

Al respecto, indicó que tanto Gendarmería Nacional como la Policía de Malargüe visitaron la zona en donde llevó a cabo la medida de fuerza y declaró que ellos constataron el procedimiento del mismo.

En relación al reclamo por sus puestos de trabajo, sostuvo que: “Andrés Arroyo dijo que no teníamos posibilidades de entrar a trabajar por pertenecer al otro gremio y demás chiquilinadas, pero dejarnos afuera por pensar diferente no es justo. Solo pedimos la reincorporación de todos los compañeros”.

Fernando Mamaní contó que, desde hace dos meses, asisten a la empresa TSB, encargada de dar las altas, y a YPF para obtener respuestas pero, si bien ambas compañías les han explicado que ninguna tiene problemas con el ingreso de los trabajadores despedidos o dados de baja, esto no es así. “Aunque no lo reconocieron públicamente, sabemos que se trata de una persecución gremial por pensar diferente”, amplió.

En tanto,  Jesús Muñoz comunicó que, si esta situación no cambia, los paros van a continuar y van a realizar las denuncias correspondientes en el juzgado por desamparo gremial y persecución ideológica.

Por otro lado, Daniel Porcel comentó que, junto a dos compañeros más, fue echado de su trabajo por persecución política y es por eso que están acompañando a sus colegas de CONEVIAL. “Queremos nuestros puestos de trabajo”, subrayó.

También hizo hincapié en una nota presentada al Concejo Deliberante, en donde pidieron la reunión de las partes para aclarar la situación, de la que aún no reciben respuesta. “Queremos que nuestro pedido tome un curso legal, no queremos problemas”, destacó.

Todos los entrevistados puntualizaron en la necesidad de contar con trabajo para mantener a sus familias y el inconveniente de no tener una obra social para sus hijos.

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