Un grupo de “médicos” se alojó en el departamento de Malargüe y, el jueves pasado, ofreció sus servicios a la comunidad. Puntualmente, avalados por la entidad “Salud Ósea SH”, convocaron a las personas que deseaban o necesitaban hacerse una densitometría ósea. En su oferta publicitaria dieron a conocer algunos puntos en los que habían brindado servicio y otros en los que estarían atendiendo en los próximos días, entre los que se mencionó Godoy Cruz, San Rafael, General Alvear, Tupungato.
Para concretar la atención, los “médicos” utilizaron las instalaciones de la Asociación de Jubilados de Malargüe, ubicadas en General Villegas Oeste 837.
El doctor Hugo Guiñazú, presidente del Círculo Médico de Malargüe, decidió interiorizarse sobre el trabajo que realizaban estas personas. En un principio, consultó en el Municipio si el lugar en el que se iban a realizar las atenciones médicas estaba habilitado para tal fin y allí le informaron que no.
A continuación, quiso corroborar las matrículas de las personas que ofrecían el servicio y, para ello, tomó la información que ofrecía la publicidad que explicitaba: “el director médico de la institución, el profesor Mario Slatopolsky Cantis (matrícula 22.293, endocrinólogo y profesor de la UBA) junto a un plantel de personas, prestan no solo contención medica, sino también humana que el paciente necesita”, pero cuando Guiñazú se comunicó con el Consejo Deontológico de Mendoza y consultó por esta persona, le respondieron que no figuraba como médico.
Con esos datos, que le hacían desconfiar sobre la situación, el malargüino decidió tomar cartas en el asunto y contrató los servicios de un abogado y un escribano público con quienes se presentó el jueves, alrededor de las 11, en la sede de la Asociación de Jubilados de Malargüe.
Según su testimonio, una vez en el lugar, Guiñazú se presentó y fue atendido por una persona. “Este dijo llamarse Fiti Paldi y, al pedirle la matrícula, el hombre sólo mostró el documento de identidad pero, en el improvisado consultorio, también estaba otro hombre de aspecto afroamericano, nacionalidad colombiana y apellido Maya que no pudo corroborar que era médico. Según él, era médico en Colombia y había hecho los trámites para revalidar del título en la Universidad de Corrientes, pero cuando uno hace ese trámite se le entrega un comprobante provisorio”, relató.
Inmediatamente, se realizó el acta notarial correspondiente pero los sospechosos se negaron a firmarla.
Acto seguido, Guiñazú se dirigió a la Comisaría 24 y realizó la correspondiente denuncia penal. “Después de eso, un policía fue hasta el Centro de Jubilados para corroborar la situación y en el lugar una mujer, sin saber quien era, le ofreció dinero porque creyó que se trataba de un paciente”, agregó.
En lo que respecta a las instalaciones en las que estaban atendiendo, es necesario aclarar que el lugar no tenía piso de cerámica y para calefaccionarse utilizaban un círculo con brasas de leña. “Si hubiesen realizado esto en una finca era lo mismo porque ese edificio está en construcción y no es apto para utilizarlo para consultas médicas”, cuestionó el profesional.
Ante la tensa situación y teniendo en cuenta que estuvieron involucrados algunos responsables de la Asociación de Jubilados, Guiñazú aclaró que “es entendible que quieran brindarle servicios a sus pares” y aclaró que “esta acción legal no es en contra esta entidad sino contra la práctica médica ilegal”.
Respecto al costo de la consulta, se informó que el monto por paciente habría sido de $400 y se estima que la lista de interesados habría rondado los 130. Además, los investigadores creen que los pacientes que se anotaban debían dejar una seña. “La gente fue estafada, porque las personas que estaban atendiendo no pudieron confirmar que eran médicos y da la pauta que había mala intención”, acusó el médico malargüino.
Además, advirtió a quienes se hicieron eco de esta campaña sin tomar ciertos recaudos. “Me llama la atención que algunas instituciones de prestigio se prestaran para realizar la publicidad porque ni siquiera identificaron a la persona que estaba contratando el servicio”, resaltó.
Para concluir, el presidente del Círculo Médico de Malargüe anticipó que seguirá el curso de la denuncia penal hasta las últimas consecuencias. “Considero que los médicos que trabajamos bajo la ley estamos sometidos a presiones de impuestos, habilitaciones, persecuciones de nuestros actos médicos y resulta que viene gente de afuera, hacen propaganda por todos lados y nadie se preocupa en chequear de quienes se trata”, sostuvo.
A las pocas horas de realizada la denuncia, los sospechosos se retiraron del lugar y, en la tarde del viernes, personal policial realizó un allanamiento en las instalaciones de la Asociación de Jubilados de Malargüe, bajo la orden de la fiscal Florencia de Diego.
Según fuentes policiales, no se encontraron pruebas que puedan ser aportadas a la causa pero, seguramente quedarán pendientes otros procedimientos con el fin dar claridad a este hecho sobre el que, hasta el momento, se desconocen más detalles.
