Así justificaba el único voto negativo del sur mendocino a la reforma del Código de Procedimiento Minero la diputada Jimena Cogo.
Desde el mes de marzo, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza se estuvo analizando y discutiendo la reforma del Código de Procedimientos Mineros, proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Provincial con el objetivo de optimizar la administración de los recursos mineros, así como transparentar y modernizar los trámites relacionados con la inscripción o concesión minera.
Llamó la atención de más de uno que, de 8 legisladores que representan al sur provincial, solo una votó por la negativa, la malargüina Jimena Cogo.
“Voté en negativo porque soy malargüina. Porque leí y estudié el código. Soy licenciada en Administración en mi profesión, por lo tanto, sé mucho o igual que la mayoría de los malargüinos. Por ello me rodeé de gente que sabe mucho más que yo. Licenciados en minas, geólogos, ex directores de minería. Gente con muchísimo conocimiento, con mucha trayectoria, con mucha expertise, con un respaldo académico irreprochable. Por eso es que consulté no solo con uno, ni con dos, ni con tres. Con muchísima gente, con muchos abogados dentro del derecho minero para poder interpretar este código procedimental”, afirmó Cogo a Malargüe a Diario.
La legisladora aclaró, desde un principio, que éste código es procedimental, es decir, que no influye en si se hace o no minería. “Tiene que ver con cómo lo vamos a hacer. Y ahí está la clave. Con este código procedimental hay cosas muy positivas en cuanto a lo ambiental y lo social, no se discute sobre ello. Lo que sí y lo grave de este código es que hay, fundamentalmente, dos artículos, entre otros, que después al estar concatenados, modifican y tornan confusos otros que están asociados a estos dos”.
En uno de los puntos cruciales en que la legisladora malargüina estuvo en desacuerdo fue en la modificación que se realizó en Diputados, “Eliminaba el Consejo Asesor Minero, que es un órgano colegiado formado por personas técnicas, geólogos o ingenieros en minas, abogados, más el director. Esa mirada multidisciplinaria era la que, en definitiva, estudiaba la concesión de los derechos mineros, evaluaba los distintos planes de inversión y se le adjudicaba a quien llegaba primero en el tiempo y primero en el derecho. Es un principio jurídico que es fundamental que se entienda. Después de la discusión en Diputados, a este artículo 2 se le hizo una pequeña modificación y, en vez de eliminarse el Consejo Asesor Minero, queda como un órgano de alzado o un órgano de consulta, por lo cual no es importante realmente, lo devaluaron en su calidad de órgano colegiado, comandado por una sola persona, el Director de Minería, en este caso un abogado. El artículo que hacía muchísimo ruido, fundamentalmente, en este código era el artículo 38 que hoy, así como quedó el proyecto, hoy es el artículo 39 en donde aparece una empresa que va a intermediar los derechos mineros, que se llama Impulsa, que está inscripta en la Ley de Sociedades Comerciales, la 19.550, pero sin embargo es administrada y funciona dentro del Gobierno y cuyos directores son funcionarios públicos”.
Según evaluó Cogo, la incorporación de la empresa Impulsa se encuentra en un claroscuro, “no se sabe si eso es una empresa privada o pública y tampoco sabemos cómo la vamos a evaluar y si es que la vamos a poder evaluar. Esa empresa va a ser la que va a intermediar los derechos mineros, eso es lo grave de la cuestión de este procedimiento, porque va a tener el derecho discrecional para poder ceder estas concesiones. Yo mal puedo pensar que se lo pueden ceder a amigos; como legisladora y sobre todo malargüina, lo que estoy tratando de evitar, que hagan privilegios y que realmente la ley sea clara y que eso provoque que compitan las empresas privadas. Esa es mi intención, que compitan y que gane el mejor. Que se lleve la concesión de la mina o de cualquier derecho minero el que cumpla con todos los requisitos, que haya cumplido con todo lo que se exige en este tema. En este caso, con esta empresa intermediando nuestros derechos mineros, va a vulnerar el principio del Código de Fondo, que es el Código de Minería de la Nación, que es superior al de la provincia, y por lo tanto, espero que nunca suceda, pero puede suceder que hagan medidas precautorias por inconstitucionalidad. Y siempre digo, si eso pasa, nosotros estamos peor y los malargüinos sabemos cuando pasan estas cosas. Nos pasó con la Ruta 40 o con Portezuelo del Viento. Entonces, mi voto negativo, y lo voy a ratificar hasta el día que me muera, es en defensa ante un escenario futuro que puede ser muy perjudicial para los malargüinos. Y porque, en definitiva, nosotros estamos tratando de ordenar un país en donde los privados compitan, donde las reglas sean claras, donde haya transparencia jurídica, y los mendocinos venimos y creamos un código con una empresa público-privada, que no sabemos bien, que va a intermediar los derechos mineros”.
Respecto a si recibió algún tipo de reclamo por parte de la ciudadanía malargüina, la diputada Cogo manifestó: “De la gente en general no, hasta el día de hoy me están escribiendo que entienden mi postura y que apoyan esto. Sí tuve reclamos de quienes no están de acuerdo conmigo, los que están más cerca del poder oficialista, obviamente no les gustó y tratan de ensuciarme y defenestrarme, cosa que no me van a mover porque sé lo que voté. Pero todos los equipos técnicos, asociaciones, cámaras, están de acuerdo y entendieron este planteo porque me basé, justamente, en lo que esos organismos técnicos me dijeron y me recalcaron. Así que estoy más que tranquila porque camino la calle de Malargüe las veces que vengo y me dan su apoyo”.