A principios del mes pasado, la funcionaria a cargo de la delegación local de PAMI expuso que dos médicos prestadores, Castillo padre e hijo, llevaban de manera encubierta a los pacientes a realizarse estudios a su centro médico privado con el fin de cobrárselos aparte, siendo que PAMI paga los pasajes a sus afiliados para que puedan realizarse estas prácticas en Mendoza o San Rafael.
Uno de los denunciados, Adrián Castillo, en diálogo con Malargüe a Diario, expresó su postura respecto a la acción de la funcionaria. “Fue improcedente. Esta es la tercera vez que irrumpe en el centro, viene y se mete acá, pone carteles que dicen que no se tienen que cobrar los estudios a los afiliados de PAMI, pero esta obra social me paga por su atención clínica no por los estudios. Una cosa es el trabajo como médico de cabecera y otra es el centro médico, que no es prestador de PAMI”, aclaró.
Jaque, por su parte, dijo a este medio, de manera extraoficial, que se les ha ofrecido a estos médicos ser parte de los prestadores de PAMI para que no se le cobren los estudios a los afiliados.
En este sentido, Castillo comentó que el trámite es interminable, solicitan muchos requisitos y, aunque se lograran cumplir y el centro médico fuera prestador efectivo, lo que pagan por estudio es un “abuso”.
“Hay casi 3000 afiliados que se harían todo acá; todas las máquinas, en un año, se rompen y PAMI paga con seis meses de atraso y no más de 30 pesos el electro cuando vale entre 250 y 300 pesos, Entonces, ¿de qué manera hacer un convenio con una obra social así?”, explicó.
Además, el médico calificó el funcionamiento de PAMI Malargüe como “un desastre”. Las razones del descontento son varias: la burocracia engorrosa de los procedimientos de PAMI, el pago mínimo por afiliado (no más de 20 pesos por mes por paciente), la mala relación con los representantes de la institución que entorpece el desarrollo de sus funciones y la falta de médicos locales que atienden por esta obra sociaI, justamente por el poco dinero que se les abona.
“Estamos evaluando la posibilidad de renunciar a PAMI, lo que va a perjudicar mucho a los afiliados ya que quedarían 1500 personas sin cobertura. Por eso, pedimos que cambien a los funcionarios de PAMI, que paguen más, que traigan más médicos y especialistas y que revean la cuestión burocrática”, subrayó Castillo.
Cada uno de los cuatro médicos de cabecera de PAMI tiene 700 pacientes a cargo. Además, según lo explicado, estos no tienen contempladas vacaciones ni licencias y, en consecuencia, si alguno de ellos decide tomarse licencia recarga a otro médico que “si quiere y puede, los atiende”, agregó.
Por otro lado, el doctor comentó que el sistema burocrático de PAMI representa un gasto físico muy grande para los ancianos, ya que deben realizar las autorizaciones de los estudios ellos mismos, a veces esperar toda una mañana y luego volver a pedir un turno que, con suerte, tardará dos meses.
“Por esa razón, aunque, como sostuvo Jaque, a los pacientes se les paga el pasaje para atenderse en San Rafael o Mendoza, mucha gente prefiere pagar el estudio en Malargüe porque le resulta más cómodo que viajar”, señaló.
La subdelegada de PAMI argumentó que, si bien es cierto que se le paga veinte pesos por afiliado, se pueden hacer extras para ganar más dinero y afirmó que los 12.000 pesos que recibe Castillo terminan siendo más de 20.000, que estos doctores no entregan facturas, no tienen las recetas a tiempo y que son las secretarias las que se ocupan de estas.
El profesional, por su lado, aseguró que les hace un 50% de descuento por los estudios a los pacientes de PAMI y exteriorizó su disconformidad por la manera en que Jaque calumnia a un profesional. “Tiene que probar todo eso que dice”, determinó.
Castillo aclaró que, al estar colapsados, es normal que los pacientes no encuentren turnos rápidamente y se quejen del servicio, pero manifestó que tener que, ocuparse también de los pacientes del distrito de Río Grande, no da a vasto.
“El paciente ignora muchas situaciones. Los médicos de cabecera tienen 700 personas a cargo y, por resolución del contrato, atendemos 10 pacientes por día. Asimismo, muchas veces utilizo mi vehículo para ir a la zona rural, porque hay un convenio con el Ministerio de Salud para que nos presten los centros de salud de la zona rural y PAMI no me lo paga”, amplió.
Finalmente, padre e hijo recalcaron que “nadie quieren trabajar en PAMI” y que los empleados de esta obra social no tienen capacitaciones en relación con la medicina como para saber si ese estudio puede ser o no autorizado, como en San Rafael y Mendoza donde hay médicos en las oficinas que revisan estas cuestiones.“Cuando ponemos ‘urgente’ en una orden, no tiene que ver con la mala fe sino con cuestiones médicas que los empleados desconocen. Hay afecciones que no pueden esperar dos meses para ser estudiadas o intervenidas”, resaltaron.
