Recordemos que a principios de este año ya se había formulado la primera denuncia, donde se acusaba al ex Intendente y a otros funcionarios por supuestas anomalías ocurridas durante la pasada gestión. En esta segunda demanda se involucra nuevamente ex intendente Juan Antonio Agulles, a Gonzalo Almonacid, Sebastián Sanz, a proveedores y otros funcionarios que no se especificaron.
El director de la Oficina Anticorrupción, Luis Rivero, comenzó diciendo que esta segunda denuncia tiene aristas totalmente diferentes a la primera instancia, ya que se ha observado “falta y ausencia de control”. Consecuentemente reveló que si el gobierno actual avala esta situación podría convertirse en una responsabilidad penal. Teniendo en cuenta lo anterior, desde el área mencionada anteriormente quieren transparentar toda la gestión de Jorge Vergara, según explicó Rivero.
Sobre lo denunciado, el abogado Gustavo Nedyc se refirió a casos puntuales. En este sentido el abogado asesor de la Oficina Anticorrupción sostuvo que el Estado tiene dos formas de pagar a los proveedores, una es mediante caja de ahorro, cuenta corriente o CBU y la otra es a través de un cheque extendido a la orden o no. “El problema está puntualmente en la forma de pago, ya que un funcionario cobraba el dinero, se lo llevaba al proveedor y a su vez sacaba viáticos del municipio para trasladarse hasta la casa del vendedor”, apuntó el técnico legal.
Otro de los casos denunciados es referido a la licitación del hotel Turismo de Malargüe, la cual lleva poco más de tres años sin concesión y, desde hace varios años, el responsable está pagando $2.100 mensuales. “Todos sabemos que ni el alquiler de una pieza con un baño vale eso en nuestro departamento”, indicó Rivero. A esto agregó que quieren rever este caso para que se llame a licitación nuevamente y que el actual concesionario entregue el hotel como corresponde, debido a que el contrato está vencido. “Tenemos que denunciar tanto a los que estuvieron como a los que están. El que no cumpla con su función correctamente va a ser denunciado”, aclaró Nedyc.
El abogado agregó que en medio de la investigación se pudo constatar que el municipio está siendo perjudicado monetariamente. “Eso se debe a la conciencia de los anteriores gobernantes que hacían licitaciones por $700.000, para invertir en territorios que la Municipalidad ya había cedido a otras reparticiones públicas o privadas. Realmente es un desastre lo que han hecho. Si ustedes se asombran a nivel nacional acá tienen otro pequeño ápice de la situación”, subrayó Nedyc.
El abogado recalcó que le van a exigir al Juez que algunos funcionarios que están bajo la lupa vayan presos, ya que esa es la función del querellante.
Sobre las denuncias
Refiriéndose a las acusaciones efectuadas, el abogado aclaró: “Es la realidad y la verdad. No queremos engañar ni perjudicar a nadie”. A esto agregó que la idea no es estar denunciando por venganza, sino más bien para que se haga justicia y en cuanto a ello, están analizando la posibilidad de iniciar un juicio político, ya que “no está funcionando o no quiere funcionar la Justicia”.
Haciendo hincapié en ambos juicios dictaminados por la Oficina Anticorrupción, Nedyc, dijo: “Los juicios son lentos para los funcionarios públicos.” El Juez competente que está interviniendo en las causas es el doctor Gabriel Ravagnani y fue elegido por la Corte.
La investigación en números
El representante legal reconoció que la comunidad malargüina exige nombres y es por ello que acusaron al ex intendente y actual senador Juan Antonio Agulles, a Gonzalo Almonacid y Sebastián Sanz. Sobre los proveedores sospechados y otros funcionarios, Nedyc prefirió no dar nombres.
El abogado asesor aprovechó la oportunidad y comunicó cuánto cobra por su trabajo. Esto teniendo en cuenta algunas críticas sobre los honorarios del letrado. Según Nedyc, su sueldo mensual es de $22.000 y tiene un colaborador que está ganando $8.000 porque la comida, el combustible, los alojamientos y demás cuestiones los solventan de manera particular.
Para concluir, Gustavo Nedyc comentó que ha recibido amenazas anónimas, donde le sugieren que no continúe con la investigación. En este sentido recalcó: “Con la experiencia que tengo, nadie me va a correr con la vaina de esta manera.”
