La división de poderes no es un detalle formal en la arquitectura institucional de la República: es su piedra angular. Por eso preocupa –y mucho– ver cómo referentes del oficialismo provincial confunden sus roles y atribuciones, trasladando a la escena partidaria lo que corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
Se trata de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores del sureño departamento, Andrea Lorente. En el decreto, el Ejecutivo también solicita la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante para ese cargo.