La división de poderes no es un detalle formal en la arquitectura institucional de la República: es su piedra angular. Por eso preocupa –y mucho– ver cómo referentes del oficialismo provincial confunden sus roles y atribuciones, trasladando a la escena partidaria lo que corresponde exclusivamente al ámbito judicial.
Se trata de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores del sureño departamento, Andrea Lorente. En el decreto, el Ejecutivo también solicita la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante para ese cargo.
El involucrado es un malargüino. Se trató de un delito de instancia privada. El objetivo es prestar un normal servicio de justicia dentro del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional.