En un confuso episodio, el lunes pasado personal policial citó a declarar a dos vecinos del barrio Portal del Sol, quienes han sido los encargados de impulsar y gestionar el acuerdo para la reutilización del galpón. Según su relato, el viernes anterior habían intentado entrar al lugar para comenzar los trabajos de reacondicionamiento y un supuesto allegado a quien vive allí de manera irregular se los impidió y llamó a la policía. Los uniformados, al llegar al sitio, les solicitaron que se retiraran. El lunes, Eduardo Vázquez fue contactado por la policía para que se acercara a declarar a la comisaría ya que, aparentemente, quien les impidió la entrada también hizo una denuncia.

Recordemos que los habitantes del este barrio, preocupados por la inseguridad y la falta de actividades para los jóvenes, comenzaron el año pasado a gestionar un permiso para poder hacer uso de un galpón perteneciente al ferrocarril con el objetivo de que  tuvieran un lugar donde practicar deportes y realizar actividades artísticas y recreativas.

Dicho galpón se encuentra abandonado hace más de veinte años y allí vive un hombre mayor, que fue incluido en los términos del acuerdo, firmado el 27 de enero pasado, donde se estipuló que la unión vecinal se comprometía no solo a respetar a este habitante sino, también, a mejorar las condiciones de su vivienda.

Los vecinos comentaron a Malargüe a diario que este trabajo nunca se pudo concretar como, así tampoco, el comienzo de las obras para limpiar y acondicionar el predio ya que un tercero, aparentemente un pariente de este hombre, repetidamente impidió que los vecinos entraran.

A raíz del último episodio vivido, en el que intervino la policía, los vecinos se dieron cita el martes a la mañana en el Concejo Deliberante y fueron recibidos por su presidente, Eduardo Coria, y los ediles José Barro, Patricia Cecconato y  Juan José Narambuena, quien como ex autoridad del cuerpo legislativo realizó gestiones para que se cediera el predio.

Los concejales se pusieron a disposición de los habitantes del barrio para buscar una solución al problema y coincidieron en que corresponde citar a las partes involucradas para dejar en claro que los vecinos deben tener la posibilidad de hacer uso del espacio como se había acordado.

Luego de la reunión, Narambuena declaró que se acordó citar al comisario y al asesor letrado del Concejo Deliberante para dejar en claro que, según el convenio, la unión vecinal no es la usurpadora del predio, sino el señor que vive allí. Además señaló que es muy significativo el trabajo de contención social que están realizando los vecinos por lo que es importante que cuenten con el aval municipal.

Por su parte, los representantes vecinales se mostraron indignados ya que opinan que las citaciones policiales los pusieron en la posición de usurpadores de un predio que no es propiedad privada sino un terreno del Estado.

Asimismo, agregaron que, de acuerdo a lo establecido, ellos han donado los materiales para reacondicionar la vivienda del hombre que vive en el galpón pero la Municipalidad no ha cumplido con el envío de personal para que se ocupe de esta tarea que ayudaría a separarlo del lugar recreativo y no tener más inconvenientes.

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